El proyecto de ley que busca subir de vuelta el IRACIS será dañino para las propias recaudaciones de Hacienda, advirtió el titular de Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe.
Senadores oficialistas, encabezados por Carlos Filizzola, presentaron el jueves pasado un proyecto de ley que vuelve a subir del 10% actual al 20% el Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS), como una “compensación” a la suspensión del Impuesto a la Renta Personal (IRP).
Filizzola argumentó que quedaría sin efecto una vez que entre en vigencia efectiva el citado impuesto, considerando que el IRACIS se había bajado del 30% al 10%, con la perspectiva de que se iba a aprobar el IRP, que nunca ocurrió e, inclusive, quedó postergado hasta el 2013. “Esto, aparte de ser un gran disparate, será un grave retroceso del proceso de formalización de la economía, considerando que con la reducción del impuesto a la renta a las empresas se había logrado la incorporación de miles de nuevos contribuyentes y, al menos, ha más que duplicado las recaudaciones”, enfatizó el dirigente industrial.
Añadió que el nuevo aumento también puede tener un efecto sumamente negativo sobre las mismas recaudaciones fiscales, dado que será un importante freno al deseo de formalización de las empresas, muchas de las cuales todavía están en la expectativa, y una invitación al recrudecimiento de la evasión fiscal, la informalidad y el contrabando que, en realidad, lejos está de ser erradicado.
Posición clara
En cuanto al argumento de las sucesivas postergaciones del IRP, donde el propio Parlamento ha decidido que el actual Gobierno ya no lo aplique, dijo que eso no es culpa del sector privado ni de los gremios empresariales. “Es posible que algún sector empresarial o algún empresario haya hecho lobby apoyando una nueva postergación, pero la UIP ha expresado claramente su conformidad a que la renta personal entre en vigencia plena y no sea más postergado por la clase política”, manifestó.
En cuanto a la posibilidad de que, finalmente, el nuevo aumento llegue al 40%, sobre todo para las empresas extranjeras, expresó su preocupación, porque ello efectivamente puede ser un elemento ahuyentador de la inversión extranjera, que se sumará a los obstáculos existentes, sobre todo en materia de seguridad jurídica.
Desigualdad ante la ley
Cabe señalar que el proyecto de ley, además, violaría una garantía constitucional clave: la igualdad ante la ley, dado que tiene previsto “no va a afectar” a las pequeñas y medianas empresas, sino solo a aquellas que tienen mayores ingresos y utilidades, superiores a G. 200.000.000. Cuando las utilidades fueren distribuidas, dice que se aplicará adicionalmente la tasa del 5%, con lo cual podría llegar al 40% para las firmas extranjeras |