El sector productivo sostiene que no fue consultado y que el aumento de 98.600 guaraníes beneficiará solo a una minoría.
 

El sector empresarial reaccionó ayer bastante molesto por la promesa del Ejecutivo de incrementar 7% el salario mínimo actual, alegando, por un lado, que no se les consultó para tomar dicha decisión y por el otro, que dicho aumento solo beneficiará a un pequeño grupo del sector trabajador.

El sábado, en la tarde, con la intención de desactivar la huelga general anunciada para hoy, el presidente Fernando Lugo, a través de su vocero, el ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, se comprometió con las organizaciones de trabajadores del transporte público con un ajuste del 7% “compensatorio” sobre el salario mínimo. Con ello, el salario, una vez que se firme el decreto, pasaría a G. 1.507.484, con vigencia retroactiva desde el 1 de julio.

El empresariado sostiene que la decisión se tomó de manera bilateral; es decir, solo entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y los gremios sindicales, sin haber consultado a la patronal, además, que no se dio el componente principal, que es la inflación acumulada del 10%.

En segundo lugar asegura que la suba de G. 98.600 solamente beneficiará a un grupo minoritario de la población económicamente activa, por lo que en consecuencia, el resto tendrá que absorber el impacto de la remarcación de precios de alimentos, materias primas y costo de la producción, como combustible, transporte, etc., lo cual terminará indefectiblemente en el aumento de la inflación.

“El sector empresarial tiene un representante ante el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) donde siempre ocurre lo mismo, prima la postura política y populista y no toman en cuenta la situación empresarial”, sostuvo Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

En tanto que Max Haber, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y vicepresidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) adelantó que la situación será analizada en la próxima sesión del gremio.

“Pasa que el incremento fue aplicado fuera del requerimiento legal como lo es la inflación acumulada del 10%. Esto va a traer cola, especialmente en los costos como transportes, combustible, materia prima, etc.”, acotó.

¿QUÉ FUNDAMENTOS?

“Nosotros queremos saber cuáles son los fundamentos del Gobierno, porque lo que pasa ahora es que están sacando el dedo por la ventana para medir la temperatura, es porque miden las cosas según la sensación del momento. Además, si se presiona con huelgas para conseguir algo y lo consiguen se nota que también nosotros podemos amenazar y mediante presiones lograr que baje o suba algo”, sostuvo Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Según Cristaldo, existen mecanismos para analizar aumentos salariales que ahora no se cumplieron, por lo que también podrían analizar en el gremio qué posturas tomar.

“Una medida así aleja al ciudadano que no percibe el salario mínimo de vivir dignamente, teniendo en cuenta que este porcentaje llega solo a un grupo insignificante de trabajadores de todo el sistema laboral del país”, afirmó Volpe.

Mientras que para Alberto Acosta Garbarino, presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia, dijo que es correcta la aplicación de la suba si hay una pérdida del valor adquisitivo del salario, aunque significó que esta situación representa una desventaja competitiva ante empresas que operan en la legalidad ante las ilegales.

Hasta ahora, solo promesa

El presidente de la República, Fernando Lugo, dio su acuerdo al aumento del salario mínimo, pero aún no firmó el decreto. Si bien hay una promesa del Ejecutivo, no es seguro que se cumpla, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos (la anulación de un decreto que perjudicaba una inversión norteamericana, y la revisión del nombramiento de su abogado personal).

No obstante, de acuerdo al sitio oficial de la Presidencia de la República, “el lunes (hoy) se harán los trámites pertinentes para la promulgación de un decreto del Poder Ejecutivo, que permita el incremento mencionado”.

El acuerdo firmado por el ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, y organizaciones sindicales se pudo desactivar una huelga general convocada por las cuatro centrales sindicales, especialmente por el gremio de choferes del transporte público. Estos no solo exigían aumento salarial, sino la intervención de la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana (Setama).

Despidos y  suba de precios
- Max Haber, Feprinco.

“El propio pueblo se verá afectado, como el consumidor de clase media para abajo. Respetamos el requerimiento de los sindicatos, pero la preocupación es que ahora vendrán los aumentos y podrían haber despidos en algunas empresas”, afirmó el Ing. Max Haber, vicepresidente de la Feprinco.

A su criterio, el mercado laboral sentirá una retracción al no permitir la inserción de jóvenes en puestos laborales legales, teniendo en cuenta que las empresas conservarán el número de empleados, evitando nuevas contrataciones.

“Qué pasa con los jóvenes, al no tener formalidad se le paga muy por debajo de lo que se debe. Creo que es el momento que el ministro de Justicia (Humberto Blasco) termine por elaborar ese proyecto de esquema de cálculo del salario mínimo, cuyo contenido aún desconocemos. Lo ideal sería cambiarlo, no establecer un valor mínimo, lo lógico es que se permitan cifras dependiendo de la función que desempeñe el empleado”, manifestó Haber.

“El impacto será importante”
- Horacio Rey, Capasu.

“Los supermercados no generamos los precios, sino que los tomamos de los productores, pero estimamos que el impacto de esta suba será importante, por sobre todo en la industria de la alimentación. Sin embargo, los productores, empresarios y fabricantes tenderán a la prudencia porque hoy en día se sabe que los productos, cuyos precios suben luego no se venden, porque los consumidores analizan eso”, señaló Horacio Rey, miembro de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).

A criterio del empresario, los productos básicos de la canasta familiar son los que primeramente sentirán los efectos de esta suba salarial, teniendo en cuenta también el incremento generalizado que sufrirán los componentes de su esquema de producción.

“Cada uno, según la participación, le da la incidencia; hay casos de empresas que trabajan al costo, por lo que seguramente tendrán que realizar ajustes, pero creemos que será en el marco de la prudencia”, afirmó Rey.

“Un aumento on engaño”
- Héctor Cristaldo, UGP.

“Quiero ver los fundamentos, porque se nota que priman criterios populares y no técnicos-económicos reales. La suba del sueldo trae más perjuicios que beneficios. Es como el caso del algodón que antes cuando se daban subsidios había abundancia y una importante superficie de cultivo, pero ahora se esfumó, porque se llevó al plano del populismo”, afirmó el Ing. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

“Esto disparará todos los precios, así como sucede con cada aumento. Para los productores nos afecta en el costo de la mano de obra; podría subir el precio de combustible, los fletes y esto se traslada luego a las materias primas. De seguro que todos los esquemas de costos van a ser revisados, por lo tanto, creo que el aumento del salario es un engaño”, señaló Cristaldo.

El dirigente productor adelantó que también analizarán qué medidas tomar ante esta situación, aunque primero requerirán del consenso de la postura de la mayoría de los integrantes del gremio.

“Una desventaja competitiva”
- Alberto Acosta Garbarino, economista.

“Si el ajuste se da por la acumulación de la inflación es una medida correcta, eso no se puede discutir. Pero es importante que el Gobierno tome las decisiones en base al crecimiento económico, que en este momento estamos viviendo en el país”, afirmó Alberto Acosta Garbarino, aclarando que su opinión es en líneas generales, al no tener muchos detalles del tema.

No obstante, manifestó que lo lamentable es que en el país el aumento del salario mínimo beneficie a un grupo mínimo de personas y son muchos los afectados.

“Esto representa una desventaja competitiva para las empresas que trabajan legalmente porque asumirán los nuevos costos a diferencia de aquellas que operan en la ilegalidad o informalidad, que no les afecta, conste que esto es un problema de larga data”, manifestó.

Franco está en contra
- Federico Franco, vicepresidente de la República.

El vicepresidente de la República, Federico Franco, no está de acuerdo con el aumento del 7% del salario mínimo legal, acordado entre el Gobierno y los sindicalistas, sin la participación de la patronal. Dijo que particularmente él no se deja presionar por las extorsiones, porque de esa manera se pierde autoridad.

“El aumento tendría que ser fruto de una situación real en donde la canasta familiar está desfavorecida, yo reconozco que hace tiempo (lo está), pero no me parece bien ceder a las presiones”, expresó.

Franco aclaró que si fuera él no cedería ante las extorsiones. “Yo por lo menos no soy de ceder a las presiones, ni a las extorsiones, porque desde el momento en que uno cede a una presión o se deja extorsionar, pierde autoridad”, indicó.

El Gobierno llegó a un acuerdo con las organizaciones de trabajadores del transporte público, hecho que posibilitó desactivar la huelga general anunciada para hoy. La medida de fuerza fue levantada tras llegar a un entendimiento entre los gremialistas y las autoridades del Gobierno, que se dio debido al acuerdo del incremento del salario mínimo del 7%, luego de una reunión realizada en la tarde del sábado en Mburuvicha Róga