Hay por lo menos siete leyes que modifican la Ley 2.345/03 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal". El déficit de los pasivos del magisterio nacional y de la Policía nacional es el que más se incrementa.

En un país en donde pocos quieren pagar sus impuestos, pero todos quieren beneficiarse de la asistencia estatal, las perforaciones aprobadas por el Congreso a la Ley 2.345/03 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal", ponen en peligro no solo el sistema de jubilaciones de los empleados del Estado sino también al Tesoro.

Según un informe elaborado por los técnicos de la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración (SSEEI) del Ministerio de Hacienda, hay cuando menos siete leyes aprobadas en el Parlamento, que modifican la ley de reforma de la Caja Fiscal.

Cuando en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se impulsó la modificación de la ley, se buscó revertir el saldo negativo del sector pasivo, producto en parte por el empeño del Estado en abonar aguinaldo a los jubilados a pesar de que éstos no contribuyen para recibir el "décimo tercer salario", y por los diferentes reajustes que recibe el sector pasivo, cuando en el sector activo se incrementan los salarios. La tasa de aporte actual es del 16%. Según la ley, pueden obtener la jubilación quienes cuenten con, por lo menos, 50 años de edad y un mínimo de 20 años de servicio. La Caja Fiscal cuenta con 40.581 beneficiarios, que demandan una erogación mensual de aproximadamente G. 90 mil millones.

Como ejemplo, el análisis de los técnicos de la SSEEI refiere que la Ley 3.542/2003 que modifica el artículo 8 de la Ley 2.345, referido a la actualización de los haberes de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC), indica que si bien es justo el sistema de actualización de haberes, pues protege las jubilaciones contra las variaciones del costo de vida y es el aplicado por la mayoría de los países, el inconveniente principal es que puede no tener relación con los ajustes a los activos. Así, si el IPC aumenta fuertemente pero el sector público no tiene aumentos salariales, los gastos de la Caja Fiscal aumentarían pero los aportes no.

SECTOR DOCENTE. La Ley 3.542/2003 también modificó el artículo 20 de la Ley 2.345, y dispuso que los profesores y maestros que hayan ejercido la docencia en instituciones particulares, podrán sumar sus años de servicio en estas instituciones -hasta un máximo de 5 años- a los efectos de establecer su derecho a la jubilación. Para el efecto deben aportar el 16% sobre su último salario, por el tiempo a ser reconocido.

Los técnicos de la SSEEI consideran que no es correcto considerar años de antigüedad por años durante los cuales no se aportó a la Caja Fiscal. Financieramente, refiere el análisis, la Caja Fiscal sale perdiendo, aun considerando el aporte del 16% sobre el último salario por el tiempo a ser reconocido. Esto, porque no se da la rentabilidad que hubieran ganado los recursos si aportaban en el pasado; y porque se aporta sólo por los años a ser reconocidos, pero cobrará la mejor jubilación por el resto de su vida, entre otros.

TERMINOLOGÍA UTILIZADA

Activos: Afiliados que están trabajando y aportando.

Cálculos actuariales: Proyecta hacia el futuro (50 años) los ingresos y los gastos de la Caja, tomando en cuenta toda la información disponible sobre el marco legal, la población, tasas de interés y variables macroeconómicas. Los resultados financieros anuales se traen a valor hoy (de allí actuarial) para calcular si existe un déficit o superávit. En el modelo uno puede introducir diferentes reglas de juego (requisitos jubilatorios) a los efectos de comparar diferentes escenarios.

Pasivos: Afiliados que están ya retirados.

Salario base: El promedio de salario de los últimos 5 años.

Sector contributivo: Sector que aporta por sus jubilaciones (ej. empleados públicos, magisterio, docentes, etc.)

Sector no contributivo: Sector que no aporta por sus jubilaciones (veteranos y pensiones graciables).

Tasa de sustitución: Proporción del salario base que representa el beneficio