La segunda imputación que pesa sobre el titular de Petropar, Juan Alberto González Meyer, y otros dos altos funcionarios de la estatal, quedaría en “stand by”, debido a que el juez considera que es una ampliación del proceso que está trabado en Cámara.

El juez penal de garantías Pedro Mayor Martínez admitió la imputación contra González Meyer, Félix Gerardo von Glasenapp Lefebvre, gerente general, y Carlos Alberto Servín Guirland, administrador de contratos, por el perjuicio de casi US$ 2 millones en contra del ente estatal.

El magistrado aclaró que el escrito presentado por el fiscal Martín Cabrera sería por “hechos vinculados al mismo tipo penal de lesión de confianza”.

Dijo que se da como circunstancia que el expediente principal está siendo objeto de apelación en el Tribunal de Alzada.

Mayor Martínez expresó asimismo: “Al tratarse de una ampliación de imputación seguiría la suerte de la primera imputación que está siendo objeto de cuestionamiento por parte de los abogados”.

El fiscal Cabrera, sin embargo, es del criterio de que no se trata de una ampliación de imputación sino de una imputación de hechos nuevos dentro de la anterior investigación.

El agente de Delitos Económicos había procesado el 15 de abril pasado a González Meyer por un presunto perjuicio de US$ 260.400 que sufrió la estatal al ceder gratuitamente tres de sus tanques a la petrolera venezolana PDVSA.

Los abogados defensores Alcides Cáceres y Tarek Tuma habían planteado un recurso de reposición contra la resolución del juez Mayor Martínez que admitió la imputación y fijó la audiencia de imposición de medidas, diligencia que nunca pudo realizarse porque la Cámara no resuelve el planteamiento desde mayo pasado.

La clara estrategia de la defensa es dilatar al máximo la comparecencia del titular de la estatal.

Ahora, el fiscal Cabrera imputó por la modificación de un contrato de provisión de gasoíl, obligando a Petropar a pagar US$ 1.862.050 demás a la proveedora Vitol SA, que entregó el producto de forma tardía.

El fiscal aseguró que está inclusive analizando la conducta del asesor jurídico de Petropar, Adolfo Ferreiro, y de otros funcionarios quienes primero se opusieron a que se abone la millonaria suma a Vitol SA porque no correspondía.

La mencionada empresa debía percibir el monto, de haber dado cumplimiento a los términos del contrato, de US$ 19.961.371,22 (con intereses de US$ 89.815,46), pero al proveer tardíamente percibió   US$ 21.823.421,40 (con intereses de US$ 96.729,04) por la provisión de 40.040,936 metros cúbicos de gasoíl, con la cotización de la primera quincena del mes de agosto de 2009, cuyo precio ascendía a US$ 542,612 el metro cúbico, que a diferencia del cálculo realizado por la petrolera estatal, de acuerdo a la cotización de la segunda quincena del mes de julio del mismo año, esta ascendía a US$ 496,281.   Esta fue la manera en que se abonó una diferencia US$ 1.862.050,18 en perjuicio del patrimonio de Petropar.

Incoherente permanencia en el cargo

El presidente de Petropar, Luis Alberto González Meyer, continúa en su cargo pese a que sobre él pesan dos imputaciones penales por  delitos de lesión de confianza.

Lo incoherente del caso es que el investigador de la causa, Martín Cabrera, tiene que librar oficios a nombre de su propio procesado en busca de documentaciones que necesita para continuar con las pesquisas, y este le  contesta y remite lo  solicitado por el representante del Ministerio Público.

El fiscal sigue sin solicitar la prohibición de acceso a la sede de la petrolera estatal de González, pese a que ya saltaron dos hechos de corrupción, y que hay otras  investigaciones abiertas que “salpican” su administración. Cabrera solo pide como medidas alternativas a la prisión la prohibición de salir del país, comparecencia mensual al juzgado a firmar el libro de asistencia y fianza real (inmueble), cuyo monto deja a criterio del juez de la causa.