El mandatario explicó que no puede romper la equidad con los demás trabajadores. Como prenda de negociación plantea la equiparación para quienes no ganan el salario mínimo y seguro del IPS.
A pesar de la fuerte presión política ejercida por el Congreso y los estatales en pleno momento electoral, el presidente Fernando Lugo vetó totalmente la reducción laboral de la Función Pública, que pretendía bajar la jornada de 8 a 6 horas.

Para atenuar el impacto de la decisión que cayó como un balde de agua fría a los funcionarios, Lugo anunció la nivelación salarial de miles de funcionarios que aún no perciben el mínimo.

La Secretaría de la Función Pública también anunció que se encuentra en estudio la posibilidad de incorporación de todo el funcionariado público que falta al Instituto de Previsión Social

Lugo se tomó su tiempo y resolvió en el último día de plazo legal para anunciar su rechazo a la ley aprobada por la oposición en el Congreso.

Más que por una cuestión de reivindicación laboral, los colorados y oviedistas pretendieron utilizar como arma política para enfrentar al presidente con los funcionarios públicos en momentos en que aumenta la presión electoral con miras a las municipales.

El universo electoral de la función pública (de mayoría colorada) siempre constituyó un elemento vital a la hora de definir unas elecciones.

El presidente de la República se mantuvo en su postura inicial de no reducir de 8 a 6 horas laborales a los estatales.

Luego de escuchar a sus asesores jurídicos, decidió rechazar la determinación legislativa pese a que en el mismo entorno presidencial hubo una fuerte presión interna de parte de los dirigentes de Tekojoja que desde un principio acompañó la reivindicación de los sindicalistas.

REIVINDICACIÓN. Lugo señaló ayer que trabajarán en la regularización salarial de unos 40 mil empleados públicos que ganan menos del salario mínimo como posibilidad de lograr un consenso político. La cifra no coincide con la Secretaría de la Función Pública que habla de 11 mil funcionarios en esa situación.

"Ningún país tiene 6 horas (de trabajo de estatales). Se crearía un conflicto con las empresas privadas, a pesar de que hay algunas instituciones como el poder Judicial que sí aplican las 6 horas. Creo que había argumentos que inclinaban hacia el veto", justificó ayer en San Carlos del Apa.

Buscando apaciguar cualquier manifestación de la función pública como una huelga general tal como anunció ayer la Mesa Coordinadora Sindical, dijo que el Gobierno hablará con ese sector ofreciendo como prenda de negociación la reingeniería salarial.

La determinación tomada por el presidente generó el malestar esperado en el ámbito político en momentos que hay un frágil acercamiento a los partidos , tras la visita realizada primeramente a la ANR y esta semana en el Unace.

La oposición cuestionó la determinación y amenaza con ratificar su decisión de otorgar a las 6 horas a los estatales. La ANR, Unace, más los franquistas tienen votos suficientes para rechazar el veto