Los vicios y las escasas garantías de control del ámbito cooperativo son cada vez más difíciles de disimular y de negar, y el Estado sabe que es de su responsabilidad tratar de reencauzar el sector, por lo que está a punto de iniciar un millonario plan a fin de  buscar  los primeros cambios.

Con un atraso de casi  seis meses, el Estado se apresta a iniciar en marzo próximo un proceso que apunta a cambiar  el manejo financiero en el sector  cooperativo, dijeron ayer fuentes cercanas al Gobierno, que mencionaron que este año en una primera etapa se invertirán por lo menos US$ 1,4 millones.

Dicho fondo proviene de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dotado de US$ 3,6  millones, a lo que deben agregarse US$ 1.350.000 de contrapartida local.

   Toda esta financiación correrá por cuenta de las arcas estatales, pero así también, aunque existen acuerdos de por medio con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), todo el dinero será manejado por el Ministerio de Hacienda y una unidad ejecutora independiente a las cooperativas, de acuerdo a las fuentes consultadas.

  El temor de las autoridades económicas, admitido el año pasado por miembros del Banco Central del Paraguay (BCP), es que los vicios administrativos y el endeble sistema de control que arrastra el cooperativismo generen en algún momento alguna crisis que se extienda a otros ámbitos del sistema financiero.

El plan y el Incoop

El plan en cuestión se denomina “Programa de Fortalecimiento del Incoop”, pero es administrado por la Subsecretaría de Economía e  Integración por medio de la unidad ejecutora y con base en un acuerdo previo  con el citado órgano contralor.

  Según Hacienda, el objetivo   “es apoyar la sostenibilidad del sector cooperativo a largo plazo”, de forma a contribuir al fortalecimiento de los sistemas financiero y productivo en su conjunto.

 Además, tiene un propósito inmediato, que apunta a que el sector cooperativo cuente con “una regulación cooperativa revisada y adecuada, así como un sistema efectivo de supervisión”,  siempre de acuerdo a explicaciones oficiales.

   En ese sentido, y en el marco del programa financiado por el BID, Hacienda y el Incoop tienen  acordados como primera tarea “la revisión y mejoramiento del marco regulatorio”,  para seguir después con “el fortalecimiento del sistema de supervisión y fiscalización”.

   También se trabajará para la formación de una red de seguridad, el fortalecimiento de la estructura organizacional y la creación de un sistema estadístico y de difusión, que es parte de la búsqueda de una mayor transparencia en el sector.

        El programa arrancará el mes próximo con la apertura de las licitaciones para una serie de consultorías sobre los diversos problemas.

Programa paralelo

Independientemente a este programa impulsado por Hacienda, el BID financia con una donación de casi US$ 2 millones  un proyecto para  instruir a socios y dirigentes en las normativas del cooperativismo. Allí actúan como contrapartes la Fecoprod y la Cencopan.