El BCP reglamentará la “ley de cheques” con el fin de zanjar las lagunas jurídicas que existen sobre la cancelación de las cuentas estatales en caso de que emitan cheques sin fondo o cometan errores al librarlos. De acuerdo con el BCP, debe ser sancionado quien firma el cheque y no la entidad estatal.
 
El Banco Central del Paraguay (BCP) reglamentará esta semana la ley que rige la emisión de cheques y sanciona la confección de cheques sin fondo o con errores, a fin de evitar que el Estado o sus instituciones sufran la cancelación de sus cuentas.

Justamente, la medida fue dada a conocer el viernes, tras la “preocupación” del miembro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sindulfo Blanco, en torno a las contradicciones existentes en la legislación que, por un lado, obliga a los bancos a cerrar las cuentas corrientes que emitan cheques sin fondo o con errores de confección, y, por el otro, impide que las cuentas del Estado sean cerradas.

Al respecto, el miembro del directorio del BCP, Benigno María López, indicó que son las personas físicas (los libradores de cheques) las que deben asumir la sanción y no las instituciones estatales, a las cuales se les debe garantizar su operatividad.

En la víspera, al ser consultados al respecto, ejecutivos bancarios se mostraron de acuerdo con López, al punto de advertir que a menos de cinco meses de promulgada la nueva legislación, la misma  no debe ser modificada, pues con ello sólo se lograría cubrir a quienes utilizan las cuentas estatales de manera arbitraria.

Agregaron que los giradores de entidades públicas deben ser los primeros interesados en cumplir con la ley, por lo que darles libertad para girar cheques al descubierto sólo conspiraría contra la confianza sobre los cheques estatales.

De acuerdo con  una nota remitida el 7 de octubre último por el miembro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sindulfo Blanco al titular del Congreso Nacional, Miguel Carrizosa, en la actualidad tres municipalidades poseen sus cuentas canceladas, por lo cual debieron buscar “soluciones heroicas”, como el cambio de las firmas libradoras.

Al respecto, los banqueros coincidieron con López en que la solución es justamente permitir el cambio de librador en las entidades públicas y sancionar a las personas físicas que utilizaron las cuentas estatales sin el debido reparo. De esta manera, concluyen, se garantiza la confianza en el instrumento de pago.