El Ministerio de Hacienda debe hacer este año un segundo pago parcial de una deuda de casi G. 27.000 millones (US$ 5,3 millones) que el Estado tiene con 193 ex trabajadores de Acepar a raíz de una indemnización por tareas insalubres. Se esperaba el pago para finales de abril o principios de mayo pasado, pero la gestión está trabada, al parecer por cuestiones burocráticas.

En el 2003, seis años después de la privatización de Acepar, el Estado reconoció el derecho que tenía un grupo de 193 ex empleados de la siderúrgica a cobrar por trabajos insalubres, fijándose luego una suma total de 26.987 millones de guaraníes a repartirse de acuerdo a la antigüedad y las funciones que tenían cada uno de los beneficiados.

Estos trabajadores estuvieron al servicio de la acería de Villa Hayes en tiempos en que la empresa era aún estatal y se acogieron al retiro voluntario cuando se concretó la privatización, en noviembre de 1997.

A finales del año pasado, el Estado cumplió con un primer pago de 1.500 millones de guaraníes, equivalente al 5,5% del total establecido.

Para este año, Hacienda presupuestó un total de 2.779 millones de guaraníes (10,3% del total) para un segundo pago, que según informes extraoficiales estaba previsto en principio para finales de abril o la primera semana de mayo.

Algunos de los beneficiarios confirmaron a nuestro diario que no han recibido todavía el pago y existen documentos del mismo Ministerio de Hacienda y también del Ministerio de Justicia y Trabajo que indican que el retraso podría deberse a cuestiones burocráticas.

Al parecer el fisco ha extraviado la lista de los 193 ex trabajadores de Acepar, ya que Hacienda solicitó de nuevo la nómina a Justicia y Trabajo y este a su vez decidió hacer consultas al respecto, el 1 de julio pasado, a la Procuraduría General y a la Contraloría.

UN MAL NEGOCIO

Tanto la construcción como la privatización de Acepar representaron un mal negocio para el Estado, pues los 26.987 millones de guaraníes de esta indemnización que se debe pagar a los ex trabajadores son solo uno de los “clavos” que quedaron para el fisco tras la venta de la siderúrgica.

Otro cuantioso pasivo con el que carga el erario público es el saldo de 60.000 millones de guaraníes (US$ 12 millones) que no puede recuperar el Banco Central del Paraguay (BCP) y que corresponde a préstamos que dicha institución había hecho en su momento para la construcción del complejo siderúrgico.

También está latente la supuesta deuda de 39,8 millones de dólares que reclama al Estado paraguayo la empresa brasileña Norberto Odebrecht SA, en concepto de 17 certificados de obras que habrían quedado impagos en el último tramo del montaje de la fábrica.

El Gobierno alega simplemente que la deuda, si existe, ya prescribió. Odebrecht no ha aceptado ese argumento y seguramente sigue agregando intereses.

HOY NO PAGAN INSALUBRIDAD

Actualmente, la empresa privatizada Aceros Paraguayos SA (Acepar) no paga por trabajo insalubre a sus obreros, que reclaman ese beneficio desde hace varios años. El derecho de los operarios ya fue reconocido en ese sentido por el Ministerio de Justicia y Trabajo, pero la resolución correspondiente no ha podido ser aplicada debido a que la firma, actualmente presidida por el cuestionado empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli, judicializó el tema.

En primera instancia, el fallo favoreció a los trabajadores, pero la empresa apeló la medida y el caso sigue en los juzgados pese a que ya existe antecedentes de que el propio Estado está pagando ese beneficio a ex operarios de Acepar.