La medida adoptada por el Ministerio de Hacienda, supuestamente para “defender” la producción nacional de artículos domisanitarios, es insuficiente frente a las trabas e impuestos que siguen aplicando, sobre todo Argentina, se quejó el gerente general de la firma Inca ICSA, Félix Ferrer Ortellado.

El Poder Ejecutivo promulgó en marzo último el Decreto Nº 1.731/09, por el que establece la aplicación transitoria de aranceles especiales a la importación de productos domisanitarios y otros de cualquier origen y procedencia, como insecticidas, fungicidas, plaguicidas, detergentes, espirales, repelentes, con el supuesto propósito de proteger a la industria nacional ante la crisis mundial. La normativa, que prevé aranceles de entre 10% y 15% (que con otras medidas vigentes llega a un total de 32%), regirá hasta el 31 de diciembre de este año.

El Gobierno ha argumentado que las últimas medidas económicas adoptadas en la región afectan negativamente a la producción, empleo y competitividad de los productos nacionales, agravados ante el escenario de crisis mundial.

Ante esta situación, agrega el decreto, es necesario adoptar medidas temporales para contrarrestar los efectos distorsionantes que afectan a la economía nacional y mantener la competitividad de los productos nacionales. Sin embargo, exponentes del mencionado subsector industrial del país considera que las autoridades del Poder Ejecutivo se han quedado “cortas” en esta ocasión.

Al respecto, el gerente de la citada empresa, Félix Ferrer Ortellado, afirmó que con esta medida lejos está de lograrse un equilibrio, considerando que para este rubro Argentina aplica en materia de arancel aduanero e impuestos internos adicionales un total de 52%.

Manifestó que, por un lado, aparte del sector domisanitario, no hay otro sector industrial que se esté “beneficiando” con una medida de defensa similar, pese a que está fuera de discusión que la industria es “la mejor herramienta” para solucionar los graves problemas de pobreza, inseguridad, desempleo y la marginalidad social en nuestro país. “Por estas razones, necesitamos de un equipo económico y también de funcionarios públicos de rangos inferiores decididos a apoyar y defender la producción, la industria y, sobre todo, el empleo y la competitividad de los productos nacionales, especialmente en la región, destacó.

Asimetrías

Insistió en que las autoridades del país no pueden seguir permitiendo pronunciadas asimetrías tributarias con los socios del Mercosur. “La Argentina grava nuestras exportaciones con un 52% del valor de facturación, mientras nosotros cobramos hasta un máximo de 32%. Exigimos una mínima reciprocidad comercial si no podemos conseguir cierto reconocimiento por nuestra condición de país mediterráneo y menor desarrollo relativo“, expresó Ferrer Ortellado.