El presidente Fernando Lugo decretaría en esta semana la suba del salario mínimo, según dirigentes obreros. Para el sector empresarial, la medida tendrá una fuerte incidencia en la economía nacional y afectará el “Plan anticrisis”.

Mientras los gremios industriales advierten que una eventual suba salarial acarrearía una serie de consecuencias negativas como el remarcaje de precios en los productos básicos y despidos considerables si el mismo supera el 3%, los sectores sindicales pronostican un reajuste del 12,5%.

Voceros de las centrales obreras sostienen que la pérdida del poder adquisitivo del trabajador desde 1989 supera el 25%, según estudios privados, por lo que propusieron al Gobierno, en una reunión con el mandatario, fraccionar la cifra en dos etapas.

Según el Código Laboral, el salario mínimo debe variar cuando se registre una inflación intersalarial del 10%. Esta elevación quedó demostrada a finales de diciembre de 2008, cuando el BCP informó que el costo de vida desde el último reajuste alcanzó el 10,3%.
Los sindicalistas sostienen que un eventual reajuste inferior al 11 o 12% no podría cubrir las necesidades básicas de la clase trabajadora. Fernando Lugo también habría prometido un rígido control en los precios de los productos de primera necesidad.

El Ministerio de Justicia y Trabajo defiende el reajuste por motivos legales, mientras que el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, y el vicepresidente Federico Franco sostienen que la economía nacional no está en condiciones de aprobar una recategorización.