Tratar de fijar precios por decreto como un mecanismo para frenar las presiones inflacionarias de los últimos incrementos de precios (combustibles, pasaje, etc.), para el BCP generará más distorsiones antes que soluciones.
 
El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Germán Rojas, dijo que el Estado, máximo, puede actuar como regulador, pero que es el sector privado el que debe coordinar mecanismos que finalmente representen una oportunidad de mejorar sus negocios.

La experiencia de otros países, que en algún momento recurrieron a medidas estatales ante el recalentamiento de sus respectivas economías, revela que las imposiciones de normas más bien abre un mercado negro, que causa distorsiones en los precios, llegando a faltar productos en las estanterías de los negocios, recordó.

Algo que no se hizo el año pasado y que en este 2007 se ha impulsado es un trabajo interinstitucional, con el Ministerio de Agricultura (MAG), específicamente, con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), de manera a facilitar, sin perjudicar al productor nacional, el ingreso de productos que no tienen la posibilidad de cubrir la demanda con la producción local.

Reconoció que a la hora de hacer negocios a nadie le importa que los precios suban por escasez, como recientemente ocurrió con el caso del tomate, cuyos precios hasta se triplicaron porque se prefirió vender a los argentinos, lo que hizo que se resintiera el abastecimiento interno. Recordó que el año pasado, durante los últimos tres meses, la inflación se disparó justamente porque fue restringido el ingreso de productos vegetales.

Consultado si el Equipo Económico podría darle prioridad en sus próximas sesiones a la necesidad de reforzar los sistemas de control de la inflación que hoy reclaman organizaciones sociales, el presidente del BCP no descartó dicha posibilidad. Sin embargo, dijo que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) tiene una herramienta legal a la que puede echar manos en coyunturas como esta, cual es la ley de la Defensa al Consumidor.

Lo recomendable es encontrar mecanismos de acceso a productos y servicios que la economía local no está en condiciones de ofrecer, expresó. Finalmente, con las últimas variaciones de precios de los derivados del petróleo se espera una inflación que pudiera superar con facilidad el 1%.