La inflación del mes de mayo, contrariamente a las expectativa de la mayoría de la población, fue levemente negativa (–0.2 %), en tanto que en el mes de junio la inflación mensual fue la más alta desde marzo (1,2%); con lo que la inflación de los últimos doce meses llega al 13,4%, la más alta tasa interanual de los últimos años.

Al igual que en el resto de la región, el incremento de los precios se observa principalmente en el rubro de bienes alimenticios, lo que incide directamente sobre la capacidad de compra de los segmentos de la población de menores ingresos, segmento en donde los gastos de alimentación representan las mayores erogaciones familiares.

En este contexto de tasas de inflación que sorprenden mes a mes, se hace sumamente difícil estimar el comportamiento de los precios. La variabilidad de la inflación, y la incertidumbre sobre su medición, estimula la reacción preventiva de los agentes económicos, quienes buscan ir cubriendo sus costos en guaraníes.

Cuando se analiza el comportamiento del tipo de cambio, sin embargo, hay consenso en las expectativas de los agentes económicos (privados y públicos) sobre el mantenimiento de la tendencia a la baja del dólar con respecto al guaraní, lo cual genera similar reacción para la cobertura de los costos (en este caso por la pérdida cambiaria).

En este contexto de expectativas e incertidumbres, los agentes esperan la acción de organismos del gobierno que propendan al mantenimiento estable de los escenarios económicos, por lo menos por algún tiempo. Sin esto, es cada vez más difícil escapar de la sensación de indefensión ante los vaivenes de la economía.

Ciertamente, no existe un único ente estatal que pueda por sí solo colaborar en este menester. El BCP no puede intentar disminuir la variabilidad y/o el nivel de la inflación, a la vez de intentar controlar el tipo de cambio o evitar la incidencia a la suba de la tasa de interés, solamente intentando administrar la base monetaria. Es más, la base monetaria es un objetivo preciso y cuantificable por el BCP, pero éste ya no controla la creciente creación secundaria de los medios de pagos generados por la intermediación financiera.

Claramente es necesaria la utilización de otros instrumentos de política económica, y es imprescindible la coordinación entre las entidades que tienen incidencia en la misma.  La política fiscal tiene, sin dudas, herramientas adicionales que colaborarían positivamente en el manejo de la coyuntura económica.

En tanto esa participación y coordinación de políticas monetarias, cambiarias y fiscales no se articule adecuadamente, el espacio para la aparición de medidas inesperadas en el ámbito monetario y financiero es cada vez más amplio. El reciente incremento de la tasa de encaje legal, si bien es una medida que no se puede discutir en el ámbito técnico, aparece como una decisión tendiente a controlar el incremento de la base monetaria producida por la intención de controlar el tipo de cambio y disminuir la cada vez más costosa utilización de instrumentos de regulación monetaria.

La sensación que queda es que la medida asumida podría no lograr ninguno de los objetivos antes mencionados, más bien hace pensar que (por esta misma razón) en el futuro existe alta probabilidad de que las tasas de encaje vuelvan a ser aumentadas, incidiendo ya de esta manera en las tasas de interés de mercado; o tal vez también hace pensar que puedan seguir adoptándose nuevas medidas, que al no ser anticipadas por los agentes económicos, los inducirá a adoptar actitudes preventivas para la cobertura  de una eventual nueva variable: la incertidumbre en las decisiones de las autoridades económicas.