De contramano con la “meritocracia” que el próximo ministro de Hacienda, Dionisio Borda, quiere implementar como parámetro para seleccionar a las personas que el Estado vaya a contratar, el titular interino de la cartera, Miguel Gómez, manifestó ayer que no tendrá problemas en volver a contratar a los 351 funcionarios que se encuentran ahora en la institución en carácter de “contratados” hasta el mes de junio.

Señaló que dará ese paso a no ser que haya otra decisión superior en contrario. “Será trimestral o hasta fin de año, ya que el (plazo) máximo (que puede disponer este gobierno) es hasta diciembre”, expresó Gómez, refiriéndose al ejercicio fiscal 2008, teniendo en cuenta que estos cargos están ya presupuestados.

De concretarse este anuncio, se sentará un precedente para que los demás contratados reclamen lo mismo en sus respectivas reparticiones. Se estima que el sector público paga salarios en esas condiciones a unas 36.000 personas.

Gómez también informó que no tendrá problemas en firmar el contrato colectivo con los funcionarios de Hacienda si es que la Secretaría de la Función Publica valida el documento y no haya puntos que comprometa al nuevo gobierno de una manera sobredimensionada. “Desde luego, ese fue el espíritu inicialmente del contrato colectivo y cumplidas esas exigencias, entiendo que no habría problemas en que se firme”, afirmó Gómez, muy contrariamente a la posición que mantuvo su antecesor César Barreto.

“El ministro de la Función Pública ha solicitado el estudio y análisis de tal forma de asegurar que los puntos previstos estén dentro del marco legal, validez, legitimidad, legalidad. Entonces hemos remitido y entiendo que eso está dentro del curso legal porque informaremos por escrito a los sindicatos para que tomen conocimiento oficial de esta situación y por lo tanto pueda comunicar también a sus asociados que esto está en marcha dentro del proceso correspondiente”, indicó.

Varios años

Sobre el cuestionamiento de que el contrato estaría comprometiendo a varios presupuestos y no solo a uno, dijo que ese es un punto de análisis jurídico, y teniendo en cuenta que el presupuesto es anual, entonces debe ser un contrato que implique una duración mayor a un año debiera contemplar en su redacción los recaudos necesarios para evitar una colisión entre el contenido del contrato y el presupuesto. “Cualquier beneficio que se otorgue tiene que estar sujeto a la aprobación presupuestaria, lógicamente, a una ley, a la Ley de Presupuesto. No puede haber una divergencia entre los beneficios aprobados y lo que está puesto en el presupuesto y lo que salga del Parlamento. Afirmó que está ligado en cierta manera a la aprobación parlamentaria porque se puede poner en un contrato colectivo unas condiciones que finalmente el Parlamento no considere apropiado, entonces podría reducirse.

Con relación a privilegios, explicó también que volverá a abonar en este junio las bonificaciones a los funcionarios, porque ya fueron comprometidos en su momento, sin entrar a discutir con el nuevo equipo económico. “Creo que tenemos que seguir con lo que estaba comprometido, esa es la sabiduría de distinguir aquellos puntos que deben ser puestos en la mesa y aquellos que forman parte de la operatividad normal de cada ministerio. Entonces yo pienso que en el caso del Ministerio de Hacienda vamos a otorgar esos beneficios que ya fueron comprometidos en su momento”, afirmó.

Alerta colorada

La situación de los funcionarios contratados por los distintos ministerios y otras entidades públicas motivó una serie de movilizaciones en el Partido Colorado, que lanzó diversas advertencias tendientes a proteger a los que están amenazados por el próximo vencimiento de sus contratos.

Gremios sindicales del sector público amenazaron a finales de abril con realizar huelgas para “defender los puestos de trabajo” de estos contratados. Al final se quedaron en el molde.

También parlamentarios oficialistas emitieron mensajes en el sentido de prometer el apoyo colorado al gobierno de Fernando Lugo en caso que no se toque a los contratados.

No obstante, la Alianza Patriótica para el Cambio, ha dicho que primero revisará la situación de los entes públicos desde el 16 de mayo para luego sentar una postura sobre el particular.

Promete que no se vaciará la caja

El ministro interino de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró ayer que la cartera fiscal realiza un monitoreo permanente del manejo de los fondos públicos por parte de todas las entidades y que no existe peligro de que se adelanten gastos o que el próximo gobierno se encuentre con la caja vacía.

“Estamos permanentemente monitoreando, por eso que en la medida en que el Plan Financiero (plan de gastos paralelo al Presupuesto Nacional que fue establecido por Hacienda para reducir los gastos inflados por el Parlamento Nacional) no se altere no va a poder adelantarse gastos y de alguna manera creo que todo el Gabinete ministerial ya es consciente”, afirmó.

“Hemos hecho ya un par de reuniones en su momento con el presidente de la República, donde se ha conversado de esto, de tal forma que cada ministerio ejecute su presupuesto de acuerdo a lo previsto”, apuntó Gómez.

Señaló que en la medida en que no se modifique el plan financiero, no el último cuatrimestre del año no sufrirá problemas de financiación.

Estas consideraciones fueron vertidas ante una consulta periodística que recordó el temor manifestado por los integrantes de la Alianza Democrática, quienes señalaron que llamativamente el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no estaba actualizado, y que eso podía encubrir el gasto anticipado del presupuesto de varios ministerios.

En cuanto a las inversiones, dijo que está previsto que se ejecute dentro de las previsiones del primer semestre, inversiones que tienen que ver con obras viales, que no pueden caer en ninguno de los dos extremos: no entregar una estructura débil, una economía o una inversión debilitada, sino la que corresponde que sea.

GASTO SOCIAL

Por otro lado, manifestó que el monto máximo de proyección de gastos que deben tener en cuenta las entidades para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto General de Gastos del 2009, será comunicado en breve, tal como se establece en el decreto de lineamiento. Indicó que se está trabajando en ese punto en el área de política fiscal y que la idea es un horizonte que esté alrededor del 5% sobre el plan financiero, en áreas sociales, insumos e inversión. Aclaró que si en ese ínterin ya se produce el encuentro con la mesa técnica del nuevo equipo económico, ya podrían hablar sobre eso.

“Posteriormente, los ministerios tendrán casi 2 meses para terminarlo, entonces en ese periodo podría el equipo técnico de transición entrar a trabajar en cada ministerio, de tal modo que no habría inconveniente que al 30 de junio, que es cuando recibimos los anteproyectos, esté ya incluido el trabajo conjunto. El hecho de que enviemos ahora no anula la posibilidad de trabajar en conjunto puesto que ahí recién empieza el trabajo de los ministerios”, señaló.

Dijo que intensificará los trabajos de transferencia, entre los cuales están los proyectos de ley y sobre todo lo que tiene que ver con la cooperación no reembolsable, donaciones de gran envergadura que están en proceso y que se debiera lo antes posible anticipar al nuevo Gobierno de tal modo que los organismos internacionales cooperantes se sientan también tranquilos de que las líneas que ya se han trazado, ya que todas las cooperaciones van al área social, fundamentalmente al área de educación y viviendas.