Fuentes de la Contraloría General de la República (CGR) aseguran que la auditoría al Ministerio de Hacienda y al Servicio Nacional de Catastro sobre los préstamos otorgados para la confección de un catastro nacional ya culminó y ya fue remitida al contralor Óscar Rubén Velázquez. Este, sin embargo, mantiene el “silencio” sobre la auditoría. Existe una denuncia de presunta malversación de unos US$ 60 millones.

Según las fuentes, que pidieron no ser identificadas ante eventuales represalias, la auditoría practicada a los documentos tanto del Ministerio de Hacienda como al Servicio Nacional de Catastro sobre los préstamos contratados por el Estado paraguayo para el proyecto y elaboración de un catastro nacional ya culminó hace tiempo.   

De hecho, la misma Dirección General de Economía de la CGR había señalado que el trabajo de auditoría no demoraría más de seis meses. Sin embargo, a más de un año del inicio de la auditoría, el contralor Óscar Rubén Velázquez, hasta ahora, no dio a conocer el informe final.   

Recordemos que en julio de 2010, durante la administración de Octavio Augusto Airaldi, la Contraloría dispuso la realización de un examen especial a los préstamos otorgados al Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. La CGR requirió informes y copias autenticadas de documentos relacionados al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Catastro.   

Para la auditoría fueron designados los auditores Simón del Pozo, Karina Mazacotte y Susan Báez, la jefa de equipo fue Carolina Cuevas y la supervisión de los trabajos estuvo a cargo de Perla Almirón de Russell, con la dirección general de Gladys Fernández, directora general de Economía.   

El ente superior de control  solicitó entonces el nombre y currículum de la contratista y del fiscal del programa (si los hubiere) y descripción del método de selección de los mismos, con los antecedentes de esos procesos. Pidió además informes periódicos relativos al avance del proyecto de todos los actores involucrados en el mismo, inclusive los del PNUD. Por último, el ente contralor solicitó la descripción del estado actual del programa y un sucinto relato de los antecedentes, préstamos anteriores ejecutados por el ministerio para el mismo propósito y resultado final de los mismos, entre otros documentos.

La auditoría de la CGR vino después de las denuncias hechas por el Ing. Augusto Ríos Tonina sobre la presunta malversación de unos 60 millones de dólares en nombre del Catastro Nacional. Asimismo, es importante señalar que el Ministerio de Hacienda realiza un fuerte lobby actualmente para conseguir otros 25 millones de dólares nuevamente para el catastro.